La región vive una reconfiguración de sus democracias, las cuales se encuentran bajo un fuerte stress creado por una tormenta perfecta de sucesos locales e internacionales dignos de una Segunda Guerra Fría. Una geopolítica fragmentada (BRICS vs Occidente) donde el modelo defendido parece importar más que la población civil, el crímen organizado, las economías con bajo crecimiento potencial y alta informalidad, y unos líderes que parecen más concentrados en el poder y la “mano dura” son solo unos simples y rápidos ejemplos que explican por qué en este contexto, el ideario neoliberal clásico perdió tracción por su incapacidad de sostener cohesión social y productividad. Muchos alegan venir con “soluciones mágicas”, como el libertarismo extremo, que irónicamente gana popularidad mientras falla al carecer de anclajes institucionales y secuencias de reformas creíbles, como demuestra mejor que nadie el presidente Javier Milei.

El término de “Segunda Guerra Fría” no es exclusivamente nuestro: importantes academicistas de todo el mundo (Brands, Lewis Gaddis, Sanger, Kroenig, Lucas, Carafano, R. Smith, Prashad, entre otros) llevan un decenio utilizando el término, el cual ya empieza a sonar cada vez más en la prensa y la comunidad civil. Mientras que algunos personajes latinos reconocen la importancia de este conflicto en América Latina, otros autores de renombre (Ominami, Fortín, Heine), nos hacen un llamado a no involucrarnos directamente ni alinearnos con ningún eje. Y tienen toda la razón: ya tenemos más que suficiente con nuestros propios problemas. Enumeremos los más relevantes:

1. Democracia: autocratización “en mosaico”

Según índices comparados sobre libertad mundial reportados por la prestigiosa ONG Freedom House en 2025, se evidencia un desgaste de libertades y “fatiga democrática” en América Latina. La lamentable conclusión del estudio es que no estamos hablando de dictaduras golpistas, sino de líderes electos que saltan contrapesos y retroceden deliberadamente en Estado de derecho. El politólogo argentino Guillermo O’Donnell llamó a esto “democracias delegativas”: ejecutivos personalistas con validación electoral pero débil institucionalidad. Su diagnóstico, pensado para los ‘90, sigue vigente explicando bien las derivas actuales.

Los casos más críticos actual o recientemente de este fenómeno son Brasil, donde el ex presidente Jair Bolsonaro lideró en 2022 un complot golpista para retornar al poder por la fuerza. Su condena, de 27 años y 3 meses de presidio, es un hito judicial que refuerza la rendición de cuentas, pero con el coste de generar una enorme polarización (VARIOS AUTORES).

En El Salvador, Nayib Bukele efectivamente mejoró la seguridad del país, pero con estado de excepción prolongado, detenciones masivas y denuncias verosímiles de torturas y muertes en custodia; Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional describen una concentración de poder y erosión de garantías bajo este gobierno.

Mientras que en Ecuador el conflicto armado interno de 2024, las reformas penales y la militarización para enfrentar a bandas criminales solo aumentan las tensiones y disminuyen la confianza de la población civil en la estabilidad del gobierno; la violencia carcelaria recurrente muestra la dificultad de restaurar capacidad estatal. 

Levitsky & Ziblatt, en su libro “Cómo mueren las democracias”, llaman a este fenómeno “endurecimiento competitivo”: reglas electorales coexisten con usos maximalistas del poder. El antídoto son normas de tolerancia y forbearance; hoy están en déficit. La línea entre democracia y dictadura parece desdibujarse.

2. Economía política: bajo crecimiento, alta informalidad e IED volátil

CEPAL constata que, pese a cierta mejora post-pandemia, persisten ciertas brechas respecto a pobreza en la región, y urge sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social. Al mismo tiempo, la Organización Internacional de Trabajadores reporta desempleo bajo pero calidad precaria, redondeando la informalidad en el 48%, y con grandes brechas de género. Es decir, hay “más empleo, pero más desigual”. 

La Inversión Extranjera Directa (IED) subió en 2024 pero básicamente por reinversión: las nuevas inversiones se estancan; México y Brasil traccionan, y Chile y Argentina caen (CASTRO). El capital  se muda, los inversionistas ya no nos eligen.

¿Qué significa esto? Que el modelo neoliberal no generó por sí mismo productividad sostenida; y la terapia “libertaria” sin gradualismo ni coaliciones desancora expectativas. Académicos de la Universidad de Boston abogan por no elegir bloque y maximizar márgenes de maniobra. Plantean que América Latina debe extraer beneficios del comercio, la inversión y el financiamiento global preservando “espacios e instrumentos de política” para un modelo de desarrollo propio (esto es, autonomía estratégica sin aislamiento). Rearmar la integración regional como plataforma de poder. Fortalecer instancias regionales (hoy debilitadas) para negociar en bloque con Estados Unidos, China y Europa; de lo contrario, cada país terminará compitiendo solo y atrapado en integración subordinada basada en materias primas. También recomiendan relacionarse con las “nuevas” finanzas multilaterales. Rechazan compromisos internacionales que limiten la capacidad estatal de seleccionar inversiones y exigir obligaciones (VARIOS AUTORES).

3. El rol de la geopolítica del hemisferio norte

BRICS se expandió en 2024 con Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán (JÜTTEN & FALKENBERG); y luego Indonesia en 2025 (REUTERS). Arabia Saudí ha demorado definición, priorizando siempre sus relaciones con Estados Unidos. Javier Milei declinó el ingreso de Argentina, acabando con negociaciones y coqueteos políticos de gobiernos previos (AP). En síntesis, lo que vemos es más multipolaridad transaccional y financiamiento no-occidental.

En el otro brazo, la OTAN no posee miembros latinoamericanos, pero Colombia es su socio global desde 2017; con ello, apuestan por cooperación en crimen organizado, marítimo y cibernético (PALMA).

Pero para Estados Unidos la OTAN es solo otro tentáculo de su Cthulhu de poder, y pueden actuar por sí mismos sin la necesidad de involucrar a su alianza cada vez que se les plazca. He ahí su despliegue naval en el Caribe contra lanchas vinculadas, según ellos, al Tren de Aragua. En efecto, esto elevó las tensiones con Venezuela; Washington niega intención de invasión, pero los ataques letales a embarcaciones abren debates legales y de proporcionalidad, mientras que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se ve en la obligación de dar instrucción militar a civiles y transformarlos en milicias (GARCIA & TOROPIN; RUEDA)

4. Argentina: un caso sui generis

El stress financiero y la crisis de gobernabilidad libertaria en el país trasandino es un caso tan particular que podría considerarse único en el mundo. El primer experimento del modelo libertario como protección del sistema capitalista post neoliberalismo no ha encontrado los resultados que prometía a sus partidarios. En septiembre de 2025, el BCRA vendió ≈ US$1.000 millones para sostener el peso; el Poder Ejecutivo suspendió —y luego reimplantó— retenciones para apurar liquidación de granos y “hacer caja” en dólares. Washington explora un swap/apoyo de ~US$20.000 millones, luego de que Milei fuera poco menos que a rogarle a su supuesto amigo Donald Trump. El coste de esta solicitud es la credibilidad del gobierno y el “riesgo moral”, señalan algunos analistas (VARIOS AUTORES).

Los efectos derivados de todo esto son ventas récord a India y China tras la ventana sin retenciones, pero sin cambiar fundamentos fiscales ni monetarios. ¿El diagnóstico? El “shock libertario” sin anclas ni coalición legislativa deriva en intervencionismo ad-hoc (controles cambiarios de facto y parches impositivos), lo que niega su propio ideario (JADHAV; THUKRAL & CAO). El libertarismo demuestra desde su primer intento ser un oxímoron político, una contradicción en sí misma y un modelo insostenible. Citando a academicistas de la Universidad de Cambridge, podemos decir que “las democracias sobreviven con crecimiento e instituciones predecibles; sin esas condiciones, la política se devora la economía” (VARIOS AUTORES).

5. Brasil, México, Ecuador y El Salvador: trayectorias divergentes

Brasil fortalece sus responsabilidades legales con el caso Bolsonaro, intentando dar el mensaje de que la justicia y la ley alcanza a ex-presidentes. Empero, el Congreso intenta crear blindajes, acelerando un proyecto de amnistía que podría beneficiar al condenado ex mandatario. Hubo marchas masivas “Sem Anistia” en São Paulo y otras ciudades; la resiliencia democrática depende de coaliciones y cortes que funcionen, y el desenlace dependerá del control de constitucionalidad (ANDREONI, NOVAES & BRITO). A la vez, Washington (bajo las directrices de Trump) sancionó a familiares del juez (SAVARESE); y lógicamente, esta situación no hace ningún favor a las relaciones bilaterales. Las sanciones y retórica desde el país del “Tío Sam” politizan la causa y externalizan la disputa, algo que el actual gobierno de Lula da Silva llevó a la ONU como defensa de la soberanía judicial (REUTERS).

El México de Claudia Sheinbaum agenda reformas judiciales con jueces electos y recentralización regulatoria, pero con riesgo de erosión de contrapesos si no hay garantías técnicas. En 2024 el Senado aprobó una reforma judicial; en junio de 2025 el país realizó elecciones inéditas para miles de cargos judiciales (incluida la Suprema Corte). Hubo baja participación, críticas de observadores (como la misma OEA) y alerta por riesgos de captura. Proyecciones y recuentos situaron a Morena con ventaja decisiva en la judicatura. Hubo además volatilidad de mercados y fricciones diplomáticas con “el país del norte” por la reforma (VARIOS AUTORES). Esta situación nos revela que cuando el Poder Ejecutivo y/o Legislativo dominan y además influyen sobre selección de jueces por vía electoral, cae la independencia del tercer poder, lo que es un riesgo clásico en diseños mayoritarios. Elegir toda la judicatura por voto popular sin cortafuegos crea incentivos clientelares y financiamiento opaco; la OEA advirtió que este diseño no es exportable a la región. La reforma disparó incertidumbre regulatoria (fallos futuros, arbitraje), con impacto inmediato en primas de riesgo y en la percepción de “rule-of-law”.  Si se consolida una Corte alineada, el sistema perderá “forbearance” y crecerán los litigios internacionales. La clave será si el gobierno acepta garantías procesales mínimas para recoser legitimidad.

Ecuador enfrenta una securitización amplia, reformas penales y golpes de bandas que estresan el Estado. Tras declarar en 2024 un “conflicto armado interno” contra 22 bandas, Daniel Noboa llevó un plebiscito en abril de 2024 que aprobó 9 de las 11 medidas propuestas, incluyendo patrullas conjuntas de policía y Fuerzas Armadas, extradición y alzas de penas. Hubo sucesivas emergencias provinciales. En 2025 repuntaron homicidios (+40% en el primer semestre) y estalló otra ola de motines carcelarios mortales. También se registraron protestas y choques por nuevas medidas (VALENCIA). Human Rights Watch documenta abusos tras la declaratoria de conflicto (HRW). La IED y el comercio enfrentan riesgos logísticos. El Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (conocido por sus siglas en inglés “USCRI”) traza la trayectoria Medellín/Juárez (un ya popular atajo analítico para describir un patrón de escalamiento y, a veces, de posterior estabilización de la violencia urbana ligada a economías del narcotráfico) desde las rentas del mundo narco hasta el desplazamiento de ciudadanos. Para explicarlo en simple y breve, un “beheading” (suprimir al líder de una banda criminal) y una militarización mal diseñada para reconfigurar mercados y prisiones fractura grupos y multiplica disputas locales (LESSING). Al perder control carcelario, el Estado externaliza el gobierno de las cárceles a facciones; eso alimenta motines, homicidios y órdenes criminales extramuros (DESMOND). La presión en un nodo empuja la actividad criminal a otros espacios físicos sin reducirla globalmente si no se atacan incentivos y redes financieras (a lo cual se llama popularmente “balloon effect”). Sin reforma penitenciaria e inteligencia financiera en puertos, la militarización no estabiliza per se. El control territorial exige interoperabilidad policial-aduanera-fiscal, y una cooperación con Colombia y Perú y gestión de puertos tipo “smart”. Nada de eso se está haciendo.

Mientras que en El Salvador, con la reelección de Bukele y una Asamblea supermayoritaria (2024), el estado de excepción se extendió decenas de veces desde 2022. El gobierno reporta homicidios en mínimos históricos, mientras que HRW y el Congreso de Estados Unidos documentan abusos masivos, muertes bajo custodia, sobrepoblación carcelaria y violaciones generalizadas (ONU). Si la seguridad descansa en detenciones masivas sin reforma policial/penal, el modelo queda frágil a shocks (financieros, internacionales) y difícil de desmontar. La receta que el gobierno salvadoreño está ignorando, es que para hacer sostenible el descenso del crimen se requieren policía profesional, fiscalías con analítica, justicia eficiente y programas de reinserción; de lo contrario, el “éxito” depende de mantener el excepcionalismo.

6. Uruguay: el país impagable

Se nos dice popularmente que Uruguay es el país más rico de Latinoamérica. Efectivamente, está entre los más altos por PIB per cápita de la región, junto a Panamá y Chile, y por debajo de la Guyana post-petróleo (GE). Pero al mismo tiempo, su capital Montevideo figura sistemáticamente entre las ciudades más caras de la región. Esto tensiona salarios bajos-medios y empuja emigración calificada. Inflación en rango meta (≈ 4–6%) y salario mínimo con alzas nominales, lo que sugiere ganancias reales modestas (o nulas) según canasta. El tablero de precios se explica también por una estructura impositiva al consumo con IVA general de 22%, apenas atenuada por tasas reducidas en algunos bienes, lo que encarece la canasta y los servicios urbanos. Aun así, en 2024 la inflación interanual cerró en 5,4% y el salario mínimo subió 6% en enero de 2025, dejando una leve mejora real en el margen. Ergo, el problema es menos de “espiral inflacionaria” y más de nivel de precios relativo y costo de ciudad. Dicho de otra forma, el nudo es de precios relativos urbanos, no de inflación tendencial. Por ello no es sorpresa que dentro del país se suele decir la máxima “el uruguayo que surge es el que se va [del país]”.

El referéndum de 2022, que el gobierno del entonces presidente Luis Lacalle Pou cantaba como una victoria de su coalición, junto con el auge del narcotráfico portuario que elevó la violencia y reabrió debates de allanamientos nocturnos (tras rechazarse los plebiscitos de 2024) y que conllevó recurrir al auxilio de la DEA terminó por cansar a la ciudadanía, que decidió volver al gobierno del Frente Amplio (con Yamandú Orsi) en 2025 (CORREA; STARGARDTER & ELLIOT). Uruguay combina ingreso alto con costo de vida elevado y, pese a presiones de seguridad, mantiene forbearance constitucional. La moraleja para Chile es clara: disciplina macro, reglas que no se plebiscitan cada crisis, y seguridad basada en gestión portuaria y trazabilidad, no en atajos punitivos.

Lo aprendido

El paradigma neoliberal está exhausto, es un modelo agotado en todo el mundo. Ya no podemos seguir viviendo bajo él. El sistema capitalista, en su desesperación por sobrevivir, nos ha presentado un nuevo modelo que fracasó en su primer intento de implementación: el libertarismo de shock sin anclas, gradualismo ni legitimidad redistributiva genera crisis de balanza de pagos y gobernabilidad. Porque ambos se sostienen en ése desmentido e impopular sofisma de “más Estado” vs “más mercado”. Y no es eso lo que se requiere, ni son esas dos fuerzas necesariamente antagónicas. Necesitamos mejor Estado (capaz) y mejor mercado (competitivo), con contrapesos que limiten el decisionismo. La alianza estratégica de ambas partes es conditio sine qua non para el éxito y el desarrollo.

Si Chile quiere salir del estancamiento sin romper su democracia, el camino no es la épica del shock ni la tentación del atajo punitivo, sino la prosa de un Estado capaz y evaluable. Eso parte por blindar reglas: justicia independiente que haga valer contratos y sancione colusiones; banco central y regla fiscal que no dependan del ánimo del día; reguladores con dientes y metas públicas de cumplimiento. Con ese piso, la economía puede dejar de girar en commodities y moverse —paso a paso— hacia mayor complejidad: política industrial moderna con misiones acotadas, plazos de caducidad, evaluación externa y retiro si no rinde; financiamiento competitivo para exportadores y encadenamientos productivos (alimentos de mayor valor, servicios globales, energías limpias y sus manufacturas). En paralelo, un mercado laboral que premie formalidad (cotizaciones simples), aumente la participación femenina (red de cuidados, jardines y compatibilidad horaria) y reduzca la brecha de habilidades con capacitación certificable.

La seguridad debe transitar de la excepción a la eficacia: inteligencia financiera para estrangular rentas criminales, puertos “smart” y trazabilidad aduanera, cárceles gobernadas por el Estado (clasificación, personal, tecnología), fiscales con analítica y policía profesional. Cooperación internacional sí, pero sin abdicar garantías: la disuasión democrática funciona mejor y dura más. Afuera, Chile necesita una diplomacia de doble carril: maximizar oportunidades tanto con Occidente como con BRICS (financiamiento e inversión) bajo estándares claros ambientales, laborales y anticorrupción; no alinearse, sino negociar bien. En este paisaje, los liderazgos que prosperan no son los que gritan más fuerte, sino los que combinan orden con legalidad y crecimiento con complejidad. Caen, tarde o temprano, quienes prometen “motosierra” sin coalición ni secuencia —porque el mercado los castiga y la política los tritura—, y también quienes comprimen derechos en nombre de la seguridad, porque el costo institucional acaba devorando sus logros. Chile no necesita iluminados: necesita acuerdos verificables, calendarios de reforma, hitos trimestrales y tableros de control públicos. Aprendamos de los errores y fracasos de nuestros hermanos latinos tanto o más que de sus aciertos.

La salida chilena es un trípode simple y exigente: Estado capaz, mercados profundos y cohesión social, sostenido por métricas, auditoría y coaliciones amplias. Todo lo demás es péndulo. O dicho más sencillo, en una sola frase, la verdad es el cambio.

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