1. Introducción
Chile cuenta hoy con uno de los marcos normativos más avanzados de la región en materia de derechos de la niñez y adolescencia. La Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia marcó un cambio de paradigma, al reconocer que los niños, niñas y adolescentes (NNA) son titulares plenos de derechos y que el Estado debe garantizar su desarrollo integral.
Sin embargo, la distancia entre el diseño normativo y la realidad cotidiana de los niños y niñas sigue siendo profunda. Persisten la desigualdad territorial, la fragmentación institucional y la falta de una inversión sostenida que coloque a la infancia en el centro de la política pública.
A pesar de los avances en institucionalidad, Chile continúa exhibiendo indicadores preocupantes: pobreza infantil superior al promedio nacional, rezago educativo en los primeros años de vida, brechas en salud mental y un sistema judicial saturado que tiende a judicializar la pobreza y los conflictos familiares.
El país no carece de leyes ni de programas. Carece de coherencia sistémica y de una visión de largo plazo que entienda la niñez y la adolescencia como prioridad nacional.
2. Problemas para la crianza y el desarrollo de los NNA en Chile:
- En los últimos 40 años, las estructuras familiares chilenas han cambiado drásticamente, pero las políticas públicas no han logrado adaptarse a la magnitud de estos cambios. Construir un pacto para la protección de la niñez, implica entender el panorama actual de las configuraciones de las familias chilenas.
- Entre los países O.C.D.E. Chile ocupa el 1er lugar de niños nacidos de madres solteras. En Chile hay una disociación entre matrimonio, parentalidad y un problema de falta de corresponsabilidad parental y equidad de género. El aumento de los nacimientos en personas que no están casadas llega al 75%, mientras que en la década de los 60 no superaba el 15%.
- En Chile, cada día ingresan al servicio de protección, más niños de los que nacen. Durante el año 2024 nacieron 371 niños/as (promedio por día), mientras que se derivaron a servicios de protección de la niñez a 429 NNA (promedio por día). Hay lista de espera de 1 año para ingresar a un programa de fortalecimiento o de reparación.
- 8 de cada 10 hogares monoparentales son encabezados por mujeres. El 44,5% del total de hogares con hijos en Chile, tiene a una mujer como jefa de hogar exclusiva.
- Este dato no solo refleja una tendencia demográfica, sino también una realidad social profunda: las mujeres jefas de hogar suelen enfrentar mayores niveles de vulnerabilidad económica, con ingresos promedio 35,6% menores que los hombres en hogares similares. Además, muchas de ellas trabajan en condiciones informales o por cuenta propia, lo que agrava la precariedad para ellas y para sus hijos.
- El año 2019, según reportes del Poder Judicial, había un arrastre de 84% de deudas en las pensiones de alimentos.
- El año 2022 se aprobó la Ley de Garantía y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Su discusión demoró 15 años, sin embargo, la aplicación es dificultosa porque no hay suficientes recursos para garantizar derechos de la niñez.
- En Chile, hasta un 44% de las familias sostienen conflictos judicializados por períodos de tiempo prolongados por más de 3 años, lo que afecta gravemente extensas etapas del desarrollo infantil.
- La tramitación de las causas judiciales de asuntos de familia se extienden por 2 a 3 años, aún cuando la ley establece que la tramitación de una causa debería ser resuelta en 60 días. Las decisiones judiciales llegan muy tarde, y no cuentan con mecanismos para hacer cumplir las resoluciones.
- Los principales problemas judicializados que afrontan las familias e involucran a los NNA son: Pensión de alimentos (33%), Vulneración de Derechos de la Niñez (22%), Violencia Intrafamiliar (14%) y Problemas de la relación directa y regular de los NNA con sus progenitores no convivientes (14%).
Los jardines infantiles y las escuelas son la principal red de cuidado, protección y apoyo para los NNA y sus familias.
El riesgo mayor para nuestro país: Cuando el Estado y las escuelas se debilitan, el narco entra y captura a los NNA.
3. Transformaciones familiares y sociales
En las últimas cuatro décadas, Chile experimentó un cambio profundo en las estructuras familiares. La familia tradicional —basada en el modelo biparental estable— dejó de ser predominante. Hoy, más del 50 % de los hogares con niños está encabezado por mujeres, y una parte significativa de ellas asume sola la crianza.
Según la Casen 2022, el 47 % de las madres jefas de hogar tiene empleos informales o precarios, lo que limita su acceso a redes de apoyo, licencias médicas y cuidados infantiles. Esta feminización de la crianza, unida a la ausencia o incumplimiento de pensiones alimenticias, profundiza la pobreza infantil.
El Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, creado por la Ley 21.484, ha sido un avance, pero su alcance es aún limitado. A fines de 2024, solo el 30 % de las pensiones decretadas judicialmente se encontraban efectivamente pagadas.
La corresponsabilidad parental sigue siendo más un principio que una práctica. Las madres continúan siendo las principales cuidadoras, y el Estado, pese a los avances, no logra garantizar servicios universales de cuidado infantil y apoyo psicosocial.
Avance insuficiente en corresponsabilidad parental
A fines de 2024, solo el 30 % de las pensiones decretadas judicialmente se encontraban efectivamente pagadas.
Corresponsabilidad: principio más que práctica
Rol del Estado: avances y pendientes
El derecho a la infancia se garantiza, no se declara. La corresponsabilidad parental debe convertirse en práctica real.
La familia chilena de hoy es diversa y compleja: monoparental, extendida, ensamblada, migrante o bajo tutela. Esta diversidad exige políticas diferenciadas y territoriales, no programas estandarizados. El desafío es acompañar a las familias en su capacidad de cuidar, educar y proteger, en lugar de intervenir solo cuando el daño ya está hecho.
4. Sistema de protección y justicia familiar
4.1 De SENAME a Mejor Niñez
El reemplazo del Servicio Nacional de Menores (SENAME) por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) buscó poner fin a una historia de vulneraciones institucionales y negligencia.
El cambio legal y organizacional ha significado mejoras en la gestión y en los estándares de los programas residenciales y ambulatorios, pero el proceso de transición ha sido largo y desigual.
De acuerdo con la Defensoría de la Niñez (2024), cerca del 60 % de los centros residenciales sigue siendo administrado por organismos colaboradores externos con distintos niveles de supervisión.
A pesar del aumento presupuestario y de la profesionalización del personal, persiste una alta rotación laboral y una débil articulación con los sistemas de salud, educación y justicia.
En muchas regiones, los equipos locales carecen de recursos para realizar intervenciones preventivas o de acompañamiento familiar.
4.2 Justicia de familia y sobrecarga institucional
El Poder Judicial tramita anualmente más de 300 mil causas relacionadas con infancia y adolescencia, principalmente por vulneración de derechos y cumplimiento de pensiones alimenticias.
Los Juzgados de Familia se han convertido en la primera puerta de entrada a la política de protección, lo que refleja una lógica de reacción más que de prevención.
La falta de coordinación entre tribunales, Mejor Niñez y los municipios produce duplicidad de acciones y tiempos de respuesta excesivos, afectando directamente el bienestar de los niños involucrados.
En la práctica, muchos conflictos familiares son judicializados por falta de redes de apoyo comunitario o de intervención temprana. Los juzgados no debieran ser el espacio natural de resolución de la vulnerabilidad social.
5. Educación y comunidades como espacios de cuidado
La escuela es, en la práctica, el principal espacio de protección cotidiana de los niños y adolescentes.
La educación inicial ha ampliado su cobertura, pero aún existen grandes brechas territoriales y de calidad. Según la JUNJI (2023), la cobertura promedio para niños de 2 a 5 años es de 57 %, con comunas donde apenas llega al 30 %.
Las condiciones de infraestructura, la formación docente y la carga administrativa de educadoras y asistentes dificultan una atención personalizada.
En el sistema escolar, los establecimientos enfrentan crecientes desafíos psicosociales. La violencia escolar, los problemas de salud mental y la pérdida de vínculos postpandemia se han vuelto fenómenos estructurales.
El Mineduc (2024) reconoce un aumento sostenido de casos de desregulación emocional y conductual en adolescentes, junto a un retroceso en la asistencia y continuidad escolar.
Muchos equipos de convivencia trabajan sin apoyo clínico ni articulación con salud mental primaria.
Las escuelas y liceos no pueden seguir siendo islas. Son comunidades que requieren redes de salud, protección social y justicia que operen de manera integrada.
6. Salud mental y bienestar
Chile enfrenta una verdadera crisis en salud mental infantil y adolescente.
El Plan Nacional de Salud Mental (MINSAL, 2023) estima que uno de cada cuatro adolescentes presenta síntomas depresivos o ansiosos, y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de 10 a 19 años.
El país dispone de poco más de 2 psiquiatras infantiles por cada 100.000 menores, frente a un promedio OCDE de 12 (estimación según estudios de Flora de la Barra).
Los Centros de Salud Mental Comunitarios (COSAM) cubren apenas la mitad del territorio nacional y carecen de especialistas suficientes.
A pesar de la creación de unidades escolares de bienestar emocional y programas de apoyo, la oferta sigue siendo insuficiente.
El sistema sanitario no logra integrar prevención, diagnóstico y tratamiento, y el trabajo con familias y escuelas es fragmentario.
La salud mental no puede seguir tratándose como un asunto individual o clínico: es un problema social que requiere enfoque intersectorial y comunitario.
7. Pobreza, desigualdad y vulnerabilidad social
La pobreza infantil sigue siendo más alta que la de los adultos.
De acuerdo con la Encuesta Casen 2022, el 24,2 % de los niños y adolescentes vive en pobreza multidimensional, frente al 16 % promedio nacional.
Las carencias más frecuentes se concentran en educación, vivienda y salud.
En regiones como La Araucanía, Ñuble o Tarapacá, los niveles de pobreza infantil superan el 30 %, evidenciando una desigualdad estructural persistente.
Los programas de apoyo a la infancia temprana —como Chile Crece Contigo y la Red Local de Apoyos y Cuidados— han mostrado resultados positivos, pero su cobertura y continuidad dependen del ciclo presupuestario anual, lo que limita su sostenibilidad.
Las familias más vulnerables siguen enfrentando un Estado que llega tarde y de forma fragmentada: una ayuda económica aquí, una atención de salud allá, sin acompañamiento integral.
8. Adolescencia y entorno social
La adolescencia es probablemente la etapa más invisibilizada del ciclo vital en las políticas públicas chilenas.
Los programas se concentran en la primera infancia o en la protección especializada, pero hay una ausencia de políticas específicas para adolescentes entre 12 y 18 años.
El resultado es una brecha de oportunidades, participación y contención social.
El SENDA (2023) reporta que el 33 % de los jóvenes de entre 14 y 17 años ha consumido alcohol en el último mes y que uno de cada cinco ha probado cannabis.
La participación comunitaria o cultural de los adolescentes sigue siendo baja, y los espacios públicos —centros deportivos, culturales, casas de la juventud— son escasos o inexistentes en comunas rurales.
El vacío institucional que deja esta etapa facilita el reclutamiento por redes delictuales o de narcotráfico en sectores de alta vulnerabilidad.
9. Brechas institucionales y territoriales
Las políticas de infancia y adolescencia se implementan desde múltiples ministerios, servicios y programas sin coordinación territorial efectiva.
Las Oficinas Locales de la Niñez, creadas bajo la Ley 21.430, deberían convertirse en el punto de articulación de las redes locales, pero su implementación ha sido desigual.
Solo un tercio de los municipios ha logrado conformarlas con equipos técnicos estables.
En comunas con mayores índices de pobreza, el déficit de profesionales y recursos limita su funcionamiento.
Chile sigue sin contar con un sistema único de información que permita seguir la trayectoria de cada niño o adolescente dentro del sistema de protección.
Esto genera duplicación de esfuerzos, vacíos de atención y pérdida de trazabilidad.
10. Principales hallazgos del diagnóstico
- Persistencia de la fragmentación institucional: el sistema de protección no funciona como red integrada; los servicios operan por separado.
- Focalización excesiva y débil inversión: los programas se concentran en la vulnerabilidad extrema y no en la prevención universal.
- Judicialización de la pobreza y los conflictos familiares: la falta de mecanismos preventivos deriva en saturación judicial.
- Crisis en salud mental infanto-juvenil: insuficiencia de profesionales y débil articulación entre educación y salud.
- Brechas territoriales estructurales: el lugar de nacimiento determina las oportunidades de desarrollo.
- Débil participación adolescente y comunitaria: la voz de los jóvenes no incide en las políticas que los afectan.
- Desfase entre norma y práctica: la Ley 21.430 requiere un plan de implementación con recursos, metas y evaluación verificable.
11. Medidas y acciones críticas
11.1 Fortalecer y ampliar los Programas de Convivencia Escolar (psicólogos, educación especial, trabajadores sociales) y capacitar a los especialistas para que operen dentro de los establecimientos:
- Garantizar la salud mental de los NNA y apoyar a las familias para abordar los problemas de salud mental dentro de las comunidades escolares.
- Aumentar recursos y oferta para actividades extra programáticas que permitan que los NNA estén acompañados e integrados.
- Facilitar la resolución de conflictos, apoyar la convivencia y la cohesión de la comunidad escolar.
- Apoyar a la coordinación y construcción de redes para los NNA que están involucrados en problemas de familia judicializados, facilitar la integración de los progenitores y sus familias extensas y evitar que los NNA queden aislados y sin redes. De esta manera, generar un trabajo colaborativo con el sistema de protección de la niñez y los juzgados de familia.
- Promover cambios mediante la educación de las familias y apoderados, la integración de las familias extensas, la corresponsabilidad parental, la equidad de género y la prevención de las relaciones violentas, especialmente considerando que más del 60% de los NNA no viven con ambos progenitores y están vinculados a problemas familiares judicializados.
11.2 Fortalecer y ampliar la cobertura de los Programas de Integración Escolar:
Los profesionales que brindan apoyo especializado para la integración y educación de NNA con dificultades de aprendizaje y rezago cumplen un rol fundamental. Conforman la primera red de apoyo de los NNA en la escuela permitiendo no solo el aprendizaje sino la integración y la protección para apoyar el desarrollo integral.
11.3 Fortalecer, mejorar, ampliar facultades y aumentar la cobertura de las Oficinas Locales de la Niñez:
- Tienen un rol articulador, coordinador y derivador, por lo que tienen la capacidad de activar recursos en los diferentes servicios y programas, con carácter preferente y exigible.
- Pese a que la Ley 21.430 ya entró en vigencia, es necesario que se aprueben todos los reglamentos que la Ley señala para operar la protección administrativa. Una vez que se cuente con esta aprobación, estas funciones se podrán ejecutar.
11.4 Reforma a los juzgados de familia:
- Los juzgados de familia se implementaron hace 20 años, y se han mantenido con las mismas condiciones y recursos, sin embargo, la carga de tramitaciones de causas de familia aumentó más de 300% lo que explica el colapso y la falta de mecanismos para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales generando graves problemas de fractura en las relaciones familiares y sociales, y aumentando la desprotección de la niñez.
- El problema de las pensiones de alimentos no está resuelto. El año 2023 se promulga la Ley N° 21.484 que modificó a la Ley 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticia, con lo cual se reconocen los problemas del abandono parental y la violencia económica. Esta ley logró recuperar el dinero adeudado, principalmente recurriendo a obtener los fondos acumulados en las cuentas de las AFP.
- Los problemas siguen siendo importantes, porque las pensiones de alimentos son muy bajas: la pensión mínima para la manutención de un hijo es tan solo 211.600. y 158.700 por el segundo hijo (más bajo que una PGU, y aún así acumulan deuda).
- Actualmente, existen más de 270 mil inscritos con deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias; 96% de ellos son hombres. Esta deuda afecta a más de 385 mil niños, niñas y jóvenes con derecho a recibir una pensión para su manutención. Sin embargo, gracias a estos avances, desde la creación del registro más del 53% de los deudores que han ingresado al registro han pagado sus deudas o han llegado a un acuerdo de pago ante tribunales.
10. Conclusión
El diagnóstico es claro: Chile ha avanzado en reconocimiento legal y en institucionalidad, pero no ha logrado transformar esa estructura en bienestar tangible para su niñez y adolescencia.
El sistema actual reacciona más de lo que previene; interviene tarde y de manera fragmentada.
Mientras no exista un liderazgo político sostenido, una inversión estable y una gobernanza interministerial efectiva, la promesa de la Ley 21.430 seguirá siendo un marco sin cuerpo.
El país necesita pasar de la “protección por urgencia” a una protección con propósito: aquella que acompaña desde la crianza, fortalece a las familias, articula comunidades y permite a cada niño y niña desarrollarse plenamente, sin importar su origen ni su entorno.
Escrito por: Dra. Silvia Reyes Crespo, PhD en Psicología
0 comentarios