La ciencia política es clara: las campañas no violentas movilizan más gente, logran más concesiones y dejan democracias más estables que las violentas. El estudio de Erica Chenoweth y Maria Stephan demostró que, entre 1900 y 2006, las campañas no violentas fueron más del doble de efectivas que las armadas y produjeron democracias más duraderas. Eso no es solo moral; es táctica: la disciplina no violenta y la coordinación de repertorios (los “198 métodos” de Gene Sharp) amplían la base social y erosionan los “pilares de apoyo” del statu quo. De hecho, la evidencia señala que existen reglas ya conocidas y estudiadas sobre potenciales protocolos de protesta que facilitan coordinación, reducen costos y aumentan la legitimidad del movimiento, mejorando su tasa de éxito (ROBSON).

1. El contexto de la educación

La OCDE subraya que la equidad educativa es condición para el desarrollo; la brecha de oportunidades en los tramos bajos frena el crecimiento y la movilidad social. Pero Chile no es el mejor ejemplo de equidad en educación. En la PAES Admisión 2024, la brecha por dependencia es muy marcada: en Matemática M1 la diferencia entre particular pagado y municipal/SLEP ronda ~190 puntos; y entre pagado y subvencionado ~150 puntos. Estas brechas se repiten en otras pruebas de la PAES 2024-Invierno (DEMRE). Tras la caída pandémica, el SIMCE 2023-2024 muestra recuperación, especialmente en 4° básico, pero persisten brechas por nivel socioeconómico y en II° medio la mejora es menor. Los SLEP 2018-2019 repuntan más que los 2020; la inequidad sigue siendo un rasgo estructural (MINEDUC).

Los resultados comparados dejan a Chile bajo el promedio OCDE (412 en Matemática; 448 Lectura; 444 Ciencias) y solo 44% de estudiantes alcanza el nivel mínimo (≥ nivel 2) en Matemática (OCDE: 69%). Los top performers (niveles 5–6) son ~1% (OCDE: 9%). La equidad sigue siendo el gran talón de Aquiles.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó los resultados del Censo 2024, demostrando disgregación comunal. Hay fuertes contrastes territoriales en años de escolaridad (promedio país 12,1 años) y en nivel educativo más alto alcanzado. Medios que sistematizan estos datos reportan que cerca de 31,1% declara educación superior como nivel más alto, pero la cuota varía mucho entre comunas de altos ingresos del Gran Santiago y zonas rurales del sur y norte. Los tabulados de CASEN Educación 2022 permiten ver diferencias en escolaridad, asistencia y cobertura de ES por quintil y territorio. Análisis secundarios (minutas/briefs) muestran que la expansión de la educación superior fue regresiva en calidad y estratificada por ingreso y territorio: hogares de quintiles altos concentran mayor culminación de ES y continuidad de estudios (VILLASECA).

Chile invierte 5,9% del PIB en educación (top-5 OCDE), pero sobre-prioriza la terciaria (2,4% PIB) por sobre educación media y parvularia, donde persisten déficit de calidad, cobertura e infraestructura. Esto alimenta inequidades tempranas que luego emergen en PAES/PISA (SALGADO & UGARTE). No obstante, en el rango de entre 25-34 años, la titulación terciaria femenina supera a la masculina (45% vs 37% en Chile), lo que sería una brecha menor a la media OCDE (54% vs 41%). En otras palabras, en Chile la desigualdad de género hoy pesa menos que las brechas territoriales y socioeconómicas.

2. Las protestas estudiantiles

Comprendiendo estos antecedentes, es fácil de entender y empatizar con protestas estudiantiles recientes que podrían ser consideradas como “históricas” en un futuro cercano.  La revolución pingüina (2006) fue un momento fundacional que catalizó una politización estructural del reclamo educativo, que dejó de ser solo una demanda de beneficios para transformarse en cuestionamiento al modelo educativo neoliberal heredado de la dictadura (VARIOS AUTORES). Los escolares tomaron liceos, marcharon masivamente (más de 600.000 según algunas estimaciones) y consiguieron que el debate público viera la educación como un asunto de Estado y no solo de gestión local.

La movilización estudiantil de 2011 (llamada popularmente “segunda revolución pingüina”) recogió ese legado, pero con mayor amplitud: estudiantes secundarios, universitarios y actores sociales confluyeron en demandas de financiamiento justo, fin al lucro, reforma estructural del sistema educativo y estatización parcial de la educación universitaria (JARA; UNICEF). Esa ola mostró que el conflicto educativo ya no era una cuestión sectorial: era síntoma de un descontento más profundo con las desigualdades sociales. Y ese carácter más amplio preparó el terreno para el estallido social de 2019, donde las demandas educativas se entrelazaron con pensiones, salud, transporte y dignidad (CASTRO). Fue lamentable la respuesta del presidente de la república de aquel entonces: “la educación es un bien de consumo” (SEPÚLVEDA; GONZÁLEZ).

3. El rol del Estado

Marco Enríquez-Ominami critica la burocratización y propone devolver poder a las comunidades escolares, como demuestra su actual programa de gobierno para el período 2026-2030. En la sección de Educación, MEO observa que los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) han generado un exceso de trámites y lentitud en la gestión. Allí propone “devolver la gestión a las comunidades escolares”, es decir, entregar más autonomía a directores, consejos escolares y apoderados, reduciendo la intermediación administrativa. En ese mismo capítulo, habla de fortalecer la descentralización educativa, con énfasis en que los recursos lleguen “al aula y no a la burocracia”.

En recientes reuniones con estudiantes de liceos emblemáticos, Marco habló (entre otros temas) de las movilizaciones estudiantiles, la violencia como forma de protesta, y el pasado de los derechos humanos en Chile (GÁLVEZ). Según detalla el medio La Tercera, ME-O propuso la idea de elaborar un “protocolo de protesta”: un acuerdo entre actores (estudiantes, entidades educativas, regiones, apoderados) para definir formas de manifestación legítimas sin recurrir a la violencia, la cual señala “no es aceptable” bajo ninguna forma. Expresó que la protesta es importante como mecanismo social, pero que debe haber límites y orden institucional. Reiteró su rechazo al modelo de SLEP y planteó que lo paralizaría temporalmente.

Al rechazar la violencia, ME-O enfatiza que las protestas deben tener un marco normativo. Pero al mismo tiempo reconoce que éstas surgen de causas legítimas. La inequidad en Chile es una de ellas… y la verdad es el cambio.

Bibliografía

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(2024) Informe de resultados PAES invierno admisión 2024

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Enríquez-Ominami, Marco (2025) Programa de Gobierno

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Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2025) Censo 2024: Aumenta la escolaridad a 12,1 años, superando el umbral de educación obligatoria en Chile.

(2025) Censo 2024 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) (2023) Estadísticas CASEN 2022

Ministerio de Educación (Mineduc) (2024) Resultados Educativos 2023: Alza en puntajes Simce muestra los primeros síntomas de recuperación de aprendizajes pospandemia

(2025) Informe anual 2024: Seguimiento de la puesta en marcha del Sistema de Educación Pública

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(2024) Education at a glance 2024: Chile

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