1. Introducción: del diagnóstico a la acción
El diagnóstico del estado de la niñez y adolescencia en Chile —disponible en Nuevo Ciclo Político— revela una paradoja estructural: un país con leyes modernas, pero sin coherencia en su aplicación; con programas dispersos, pero sin una estrategia de largo plazo; con profesionales comprometidos, pero sin coordinación efectiva entre instituciones.
La Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral representó un avance histórico, al establecer que el Estado debe garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, su implementación ha sido fragmentada, y las brechas persisten: pobreza infantil (24,2 %), desigualdad territorial, rezago educativo y crisis en salud mental infanto-juvenil.
A esto se suma una sobrecarga judicial que transforma a los tribunales de familia en puerta de entrada del sistema de protección, reproduciendo un modelo reactivo.
El Pacto Nacional por la Niñez y Adolescencia nace desde este diagnóstico, pero mira hacia adelante: propone una arquitectura institucional y financiera que priorice la inversión temprana, fortalezca el cuidado y promueva el bienestar integral.
No se trata de crear más programas, sino de reordenar el Estado en torno al desarrollo infantil y adolescente como política país. Esta es una prioridad del Programa de Gobierno de Marco Enríquez Ominami.
2. Principios y objetivos del Pacto Nacional
El pacto se construye sobre cinco principios orientadores:
- Universalidad con equidad territorial. Ningún niño o niña debe quedar fuera del sistema de cuidado y protección por su lugar de nacimiento.
- Prevención sobre reacción. El Estado debe actuar antes de la vulneración, no después.
- Corresponsabilidad social y parental. El cuidado no es solo tarea de las madres: es un deber compartido entre familia, Estado y comunidad.
- Desarrollo integral. La educación, la salud, la vivienda y el entorno emocional son dimensiones inseparables.
- Evaluación pública y transparente. Cada meta debe medirse y reportarse de forma abierta a la ciudadanía.
3. Ejes estructurales de la propuesta
3.1. 1000 Días +: inversión temprana con propósito
El período entre la gestación y los dos años de vida define la salud física, cognitiva y emocional futura.
El programa “1000 Días +” propone un acompañamiento integral para cada familia, articulando los servicios de MINSAL, JUNJI, MDSF y gobiernos regionales, e integrando a Chile Crece Contigo.
Componentes principales:
- Controles prenatales reforzados y educación parental temprana.
- Nutrición infantil universal y monitoreo del desarrollo del lenguaje.
- Apoyo psicosocial y de salud mental familiar en atención primaria.
- Equipos territoriales de acompañamiento para madres, padres y cuidadores.
Meta 2030: cobertura del 95 % de los nacimientos y reducción del rezago cognitivo temprano al 10 %.
3.2. Educación Inicial Universal y de calidad
La cobertura en educación parvularia ha mejorado, pero con profundas brechas regionales.
El pacto plantea una universalización efectiva entre los 2 y 5 años, con financiamiento plurianual y un currículum de primera infancia unificado, centrado en el desarrollo socioemocional.
Medidas clave:
- Ampliar infraestructura y cobertura en zonas rurales y extremas.
- Implementar formación docente continua con foco en neurodesarrollo y vínculos afectivos.
- Crear un sistema nacional de evaluación del aprendizaje temprano.
- Establecer un Plan Puente Educativo para la transición entre educación inicial y básica.
Meta 2030: cobertura del 100 % en educación inicial y formación de 10.000 educadoras en competencias socioemocionales.
Universalización efectiva de 2 a 5 años
Financiamiento plurianual y currículum de primera infancia unificado, centrado en el desarrollo socioemocional.
Medidas clave
Resumen de la sección “3.2 Educación Inicial Universal y de calidad”. Enfatiza universalización 2–5 años, financiamiento plurianual y currículum unificado, con medidas y meta 2030.
3.3. Red Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil
La crisis de salud mental en niños y adolescentes requiere una política de Estado.
El pacto propone una red articulada entre salud, educación y comunidad:
- CESFAM con profesionales especializados en salud mental infantil.
- Unidades territoriales de atención infanto-juvenil hospitalarias y comunitarias.
- Programa escolar de bienestar emocional con psicólogos y educadores.
- Observatorio Nacional de Salud Mental y Bienestar Infantil, con datos abiertos y evaluaciones periódicas.
Meta 2030: cobertura del 80 % de la población infantil y adolescente, con reducción del 30 % en prevalencia de trastornos emocionales severos.
3.4. Justicia familiar y corresponsabilidad parental
El sistema judicial no puede seguir siendo la única respuesta ante los conflictos de cuidado.
El pacto propone una Reforma de Justicia Familiar Preventiva, que incluya:
- Unidades comunales de mediación y acompañamiento parental.
- Registro unificado de pensiones y cumplimiento efectivo de la Ley 21.484.
- Programas de reinserción laboral para madres jefas de hogar y apoyo a la parentalidad compartida.
Meta 2030: reducción del 50 % de las causas judiciales de cuidado y alimentos, con cumplimiento efectivo del 80 % de las pensiones decretadas.
Avance insuficiente en corresponsabilidad parental
A fines de 2024, solo el 30 % de las pensiones decretadas judicialmente se encontraban efectivamente pagadas.
Corresponsabilidad: principio más que práctica
Rol del Estado: avances y pendientes
El derecho a la infancia se garantiza, no se declara. La corresponsabilidad parental debe convertirse en práctica real.
3.5. Gobernanza, financiamiento y seguimiento
- Fondo Nacional por la Niñez y Adolescencia: 1 % del PIB destinado a programas integrados (salud, educación, desarrollo, justicia).
- Comité Interministerial de la Niñez: presidido por el Ministerio de Desarrollo Social, con participación de MINSAL, Mineduc, Hacienda y MinCiencia.
- Tablero público de indicadores: seguimiento trimestral de metas, inversión y resultados.
- Evaluación independiente: a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), bajo estándares OCDE.
Propuesta de Niñez
Compromisos prioritarios financiados dentro del marco fiscal del programa económico.
Educación inicial gratuita desde los 2 años — US$ 3.000 millones (2026–2030).
Salud infantil y preventiva — aprox. US$ 500 millones adicionales dentro del programa de salud.
4. Avances existentes: construir sobre lo que ya funciona
Chile no parte desde cero.
Existen políticas que deben ser fortalecidas y coordinadas, no reemplazadas:
- Chile Crece Contigo, que ha acompañado a más de un millón de familias desde 2007.
- Red Local de Apoyos y Cuidados, que protege a cuidadoras principales.
- Centros COSAM y Plan Nacional de Salud Mental, con avances en atención primaria.
- Ley 21.430 y creación de Oficinas Locales de la Niñez, base para una gestión territorial efectiva.
El Pacto Nacional por la Niñez y Adolescencia busca consolidar estas iniciativas bajo una visión única y una arquitectura de gobernanza sólida.
5. Diferenciadores de esta propuesta
- Articulación intersectorial real, con metas verificables y rendición de cuentas pública.
- Financiamiento plurianual, protegido por ley, evitando la dependencia del presupuesto anual.
- Modelo de prevención universal, que prioriza acompañamiento y desarrollo antes que respuesta judicial.
- Territorialización de la política pública, con planes regionales y participación comunitaria.
- Transparencia y evidencia, mediante un tablero público de resultados accesible a la ciudadanía.
6. Conclusión: un nuevo contrato social con la infancia
El Pacto Nacional por la Niñez y Adolescencia no es una promesa simbólica, sino una hoja de ruta concreta para construir un país que cuide.
Desde la gestación hasta la adolescencia, cada etapa requiere presencia estatal, acompañamiento familiar y coherencia institucional.
Invertir en infancia no es gasto, es la decisión más racional y justa que un país puede tomar para su desarrollo futuro.
La propuesta del equipo de Nuevo Ciclo Político, financiada por el Programa Económico 2026–2030, plantea una meta simple pero transformadora:
que cada niño y adolescente de Chile tenga garantizado su derecho a desarrollarse plenamente, sin que el origen, la pobreza o la geografía determinen su destino.
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