Propuesta Oficina Nacional de Inversión y Permisos – Documento Técnico 2025

Resumen Ejecutivo

En Chile, quienes desean construir una planta solar o levantar un hospital se topan con un muro de papeles y trámites. Esa maraña de permisos, burocracia y tiempos inciertos ha frenado el crecimiento y ha mermado la confianza tanto de empresarios como de comunidades. Esta propuesta plantea un cambio de actitud: pasar de un Estado disperso y opaco a uno que guíe y acompañe la inversión. La Oficina Nacional de Inversión y Permisos (ONIP) surge como esa nueva puerta de entrada, un sistema único que promete rigor ambiental y participación social, pero también eficiencia y transparencia.

Diagnóstico: cómo funciona hoy

La fotografía actual es preocupante. Para levantar cualquier proyecto se deben conseguir decenas de permisos sectoriales, ambientales y municipales, cada uno en tiempos y formatos distintos. El proceso está repartido entre más de cuarenta instituciones y supera el millar de formularios. Las cifras del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental hablan por sí solas: una Declaración de Impacto tarda, en promedio, más de cuatrocientos días, y un Estudio de Impacto puede demorar más de tres años. Plataformas como el Sistema Unificado de Permisos, la Ventanilla Única de Comercio Exterior o el mismo SEIA han sido buenos intentos de modernización, pero no comparten datos entre sí. La Ley Marco de Autorizaciones y Permisos Sectoriales aprobada en 2025 estableció plazos y permitió tramitar en paralelo, pero su alcance es insuficiente para revertir la fragmentación que arrastramos hace décadas.

Hacia una nueva forma de hacer las cosas: la ONIP

Más que otra oficina, la ONIP es una manera distinta de entender la relación entre el Estado y la inversión (Ver Programa de Gobierno Capítulo Economía y Empleo). Se trata de una ventanilla única digital que integra la información de todos los permisos, coordina a los distintos servicios y ofrece seguridad a las comunidades. Sus rasgos principales son los siguientes:

• Transparencia con control público: cada solicitud se seguirá en línea, con un código que permitirá saber en qué etapa se encuentra, qué funcionario está a cargo y cuánto tiempo queda para la resolución. La sociedad civil tendrá acceso a ese cronograma y podrá denunciar retrasos o irregularidades.
• Plazos razonables y definitivos: los permisos no podrán eternizarse. Si el Estado no responde en 18 meses, el proyecto se considerará aprobado, salvo que existan razones ambientales justificadas para detenerlo.
• Una mesa de ministros para tomar decisiones: Economía, Hacienda, Medio Ambiente, Energía, Obras Públicas y Minería trabajarán en conjunto para definir criterios, simplificar trámites y resolver controversias. Nada quedará librado a la discreción de una sola repartición.
• Participación regional y ciudadana: los gobiernos regionales, los municipios y las organizaciones locales tendrán voz en los Comités de Inversión que se instalarán en cada territorio. Así se asegurarán proyectos con identidad local y legitimidad social.
• Tecnología al servicio de las personas: la ONIP enlazará plataformas existentes mediante una API y creará un expediente electrónico único. Los usuarios ingresarán su proyecto una sola vez y el sistema distribuirá la información entre los organismos relevantes.
• Principio de entrega única de información: El principio de entrega única se incorporará al reglamento ONIP con rango legal, estableciendo que: “Ningún órgano de la Administración podrá requerir al titular de un proyecto antecedentes que ya se encuentren disponibles en otro servicio público o en el expediente electrónico ONIP.”

Qué cambia con la ONIP

Hoy, quien emprende un proyecto debe peregrinar por distintos servicios públicos, adaptarse a criterios cambiantes y resignarse a plazos inciertos. Mañana, con la ONIP, presentará sus antecedentes en un solo sitio web; sabrá de antemano los requisitos y plazos; podrá seguir su expediente en tiempo real; y, si las autoridades incumplen los tiempos, tendrá el respaldo de la ley. La gobernanza dejará de ser un listado de nombres para convertirse en un espacio de coordinación real. Además, la sociedad civil no llegará al final del proceso a oponerse o apoyar, sino que participará desde el diseño mismo de cada proyecto.

Para ilustrar estas diferencias de manera gráfica, se incluye a continuación una comparación de distintos aspectos entre el modelo actual y la propuesta ONIP. El siguiente cuadro resume las dimensiones clave y el gráfico adjunto visualiza las mejoras en una escala del 1 al 5.

Principio de entrega única de información

Principio de “Entrega Única” y Verificación Digital de Antecedentes

Una de las principales causas de retraso en la tramitación de permisos es la duplicación de solicitudes de información. Distintos organismos piden los mismos documentos —planos, certificados, escrituras, resoluciones— en formatos y momentos distintos, sin aprovechar la información ya disponible en otros servicios públicos.
La Oficina Nacional de Inversión y Permisos (ONIP) corregirá esta ineficiencia aplicando el principio de “entrega única” (once only principle), mediante el cual toda documentación validada por un servicio público quedará registrada y reutilizable por los demás organismos que la necesiten.

Con esta norma, ningún documento se pedirá dos veces.
Los antecedentes entregados en un expediente digital se considerarán oficiales, salvo que hayan cambiado o hayan vencido sus plazos de vigencia. El sistema verificará automáticamente su autenticidad a través de interoperabilidad con bases de datos de origen (por ejemplo: catastros del SII, certificados del Conservador de Bienes Raíces, permisos municipales o certificados ambientales).

Beneficios concretos

• 🔹 Reducción de tiempos: elimina etapas de reenvío, revisión manual y validación redundante.
• 🔹 Seguridad jurídica: cada documento queda firmado digitalmente por la entidad que lo emitió, lo que evita falsificaciones o versiones contradictorias.
• 🔹 Transparencia y trazabilidad: la ciudadanía puede ver qué organismos accedieron a qué documentos.
• 🔹 Ahorro administrativo: menor gasto en papelería, notarías y horas funcionarias.

Ejemplo internacional

• Portugal lo aplica bajo el programa Simplex+, donde el Estado no puede pedir información que ya tiene otra institución pública (ver programa Simplex+).
• Estonia lo implementa mediante su red X-Road, que conecta todas las bases de datos públicas.
• Chile ya avanzó parcialmente con la Ley de Transformación Digital del Estado (N.º 21.180), pero sin un sistema de permisos integrado; la ONIP sería el primer espacio donde este principio se aplique de forma transversal.

Propuesta normativa

El principio de entrega única se incorporará al reglamento ONIP con rango legal, estableciendo que:

“Ningún órgano de la Administración podrá requerir al titular de un proyecto antecedentes que ya se encuentren disponibles en otro servicio público o en el expediente electrónico ONIP.”

Mirando fuera de nuestras fronteras

No partimos de cero. Otros países han recorrido antes este camino de modernizar su administración. Colombia, por ejemplo, creó la Ventanilla Única Empresarial y logró que muchos trámites se resolvieran en cuestión de meses; su duración promedio de licencias ambientales se ha reducido a 1,5 años. Portugal impulsó el programa Simplex+, apostando por la filosofía de “dime una vez” y digitalizando todos sus permisos. Canadá, con su Agencia Canadiense de Evaluación de Impacto, centralizó la revisión ambiental, fijó plazos y abrió la discusión a las comunidades indígenas. Cada experiencia ofrece lecciones: la importancia de un liderazgo político claro, la necesidad de plazos perentorios y la conveniencia de un canal único.

Comparación internacional de tiempos de tramitación de permisos

Quiénes intervienen y cómo se organiza

La ONIP descansará sobre una arquitectura institucional robusta. En la cúspide estará el Consejo Interministerial, encargado de definir criterios y plazos y de supervisar el desempeño de los servicios. Abajo, en las regiones, se levantarán los Comités de Inversión, donde convivirán representantes del gobierno regional, de los municipios, de las empresas y de las organizaciones comunitarias. Además, se creará la figura del Defensor del Inversionista Territorial, para canalizar reclamos y sugerencias, y se instalará un Observatorio de Permisos que publique indicadores de desempeño. Con esta red, se evitará la discrecionalidad y se garantizará la colaboración entre distintos niveles del Estado.

Cómo impulsa la inversión y quién financia

La ONIP no es una banca de desarrollo ni un fondo de inversión, pero su aporte a la economía es evidente: al despejar la burocracia, reduce el riesgo y, por ende, baja el costo del capital. Los proyectos se vuelven más atractivos para los concesionarios, las asociaciones público-privadas y los fondos de inversión. BancoEstado y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) podrán desplegar con mayor certeza sus líneas de crédito e instrumentos de garantía. La inversión extranjera, que según InvestChile alcanzó una cartera de más de cincuenta mil millones de dólares en 2024, encontrará condiciones más claras. Finalmente, la ONIP se articula con la distribución regional del royalty minero y la recaudación del impuesto territorial, asegurando que el desarrollo llegue también a las comunas donde se generan los recursos.

Los beneficios medibles y esperados

Se espera que esta nueva institucionalidad reduzca los plazos promedio de obtención de permisos en más del 60 %, pasando de un promedio de cuatro años y medio a apenas año y medio. Al digitalizar los procedimientos, la interoperabilidad alcanzará al 95 % de los trámites en dos años. La inversión destrabada podría superar los veinte mil millones de dólares en el período 2026–2030 y el crecimiento potencial del PIB sumaría un punto porcentual adicional. Además, la legitimidad social mejorará: se aspira a un índice de satisfacción de usuarios superior al ochenta por ciento.

Teniendo en cuenta el alineamiento y lo diseñado con el think tank Nuevo Ciclo Político, concluímos que la ONIP aporta un nivel de detalle superior en dos dimensiones que los gremios mencionan en términos más generales:

• Gobernanza digital + trazabilidad pública + responsabilidad por plazos.
• Territorio y descentralización fiscal/administrativa.

Estos dos puntos diferenciadores son ventajas concretas para la inversión, el empleo y crecimiento económico con justicia territorial.

Hoja de ruta para la implementación

La puesta en marcha de la ONIP se concibe en tres momentos. Un primer momento, entre 2025 y 2026, en el que se diseñará la institucionalidad, se redactarán los reglamentos y se elaborarán los convenios de interoperabilidad. Un segundo momento, durante 2026 y 2027, en el que se realizarán pilotos en tres macrozonas (norte, centro y sur), se capacitará a los equipos y se probarán los sistemas. Y un tercer momento, a partir de 2028, en el que el sistema se aplicará en todo el país y se instalará un mecanismo de evaluación y ajuste continuo. Para ello se calcula una inversión de 60 a 80 millones de dólares, financiada con recursos de modernización del Estado y con aportes de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF.

1. Fuentes y lecturas sugeridas
2. Diario Oficial: Ley Marco de Autorizaciones y Permisos Sectoriales, publicada en mayo de 2025.
3. Plataforma SUPER – Sistema Unificado de Permisos
4. Consejo Nacional de Productividad: informes disponibles
5. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Perspectiva sobre política regulatoria 2023”
6. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Reformas para Estados inteligentes en América Latina”
7. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Ventanillas únicas y gobernanza de la inversión”
8. InvestChile, “Cartera de Inversión Extranjera 2024”