Chile vuelve a invertir donde el multiplicador es alto
Si Chile vuelve a invertir donde el multiplicador es alto (agua, logística, energía, vivienda), reduce la fricción que retrasa proyectos y explica cómo se paga con una mezcla de base tributaria recurrente + capital privado apalancado + reglas prudenciales, entonces el crecimiento y el empleo dejan de ser promesas y se vuelven pipeline.
1. Diagnóstico: El Estancamiento del Modelo Productivo
Chile ha avanzado en estabilidad macroeconómica y apertura comercial. Sin embargo, hoy enfrentamos un estancamiento estructural: el país depende de pocos sectores intensivos en recursos naturales y de bajo valor agregado. Según el Economic Complexity Index (ECI), Chile se ubica por debajo de economías comparables, lo que significa que nuestra capacidad de crear productos sofisticados es limitada, es más, la complejidad económica comercial de Chile es de –0,20, ubicándonos en el puesto número 72 del ranking mundial.
La consecuencia es clara:
- Crecimiento lento
- Mercados laborales poco dinámicos
- Dependencia de ciclos de precios internacionales
- Desigualdad territorial persistente
Este programa económico sustenta todas las partidas de financiamiento del programa de gobierno de Marco Enriquez-Ominami. El cual también plantea una visión de un Chile que Produce Valor. Debemos pasar de ser un país que extrae a un país que crea. La meta no es crecer por crecer, sino crecer mejor. Puedes conocer el programa de innovación que tiene más detalles esta transformación haciendo click aquí.
2) El cuadro financiero
Costo total del programa (4 años): US$ 113.455 millones = 8,9% del PIB acumulado.
Financiamiento:
- Reforma tributaria neta (recurrente): US$ 12.250 millones = 0,96% del PIB (4 años).
- Movilización privada (apalancamiento): US$ 72.000 millones vía concesiones / coinversión (US$ 31.500M agenda pro-crecimiento + US$ 40.500M vivienda/urbano).
- Diferencial a cubrir por el Estado: US$ 29.205 millones = 2,3% del PIB (4 años), aprox. 0,6% del PIB por año.
- Implicancia presupuestaria: el gasto público del Gobierno Central pasa de 24,8% del PIB (2024) a aprox. 28,0%, esto es +3,2 puntos del PIB (promedio anual del periodo), un aumento calificado como moderado y sostenible en el propio documento.
3) ¿Cómo se paga?
3.1 Base tributaria neta (ingreso estable)
La reforma tributaria combina correcciones pro-equidad y pro-crecimiento:
- Impuesto a grandes patrimonios (0,5% anual sobre >US$ 5M líquidos; universo estimado ~7.000 contribuyentes), sin gravar empresas productivas.
- Eliminación de exenciones / evasión y nivelación renta del trabajo-capital mediante modernización del SII.
- Royalty minero territorial (30% de la recaudación a regiones).
- IVA diferenciado: 0% alimentos/medicamentos/libros; 15% servicios PYME; 19% grandes (con incentivos a reinversión).
- Impuesto al uso intensivo del agua para minería/agroindustria de alta extracción (con exenciones a consumo humano y pequeños regantes).
Resultado neto esperado (4 años): US$ 12.000–12.250M (≈1 pp del PIB/año).
2.2 Apalancamiento privado
Chile tiene historial 1:1,5 en programas con cofinanciamiento público-privado (concesiones, CORFO, etc.). Con esa razón, la reforma + carteras priorizadas moviliza ~US$ 30.000M en 4 años desde el sector privado; el marco programático cifra explícitamente US$ 72.000M en los dos grandes bloques (productivo y vivienda/urbano).
Sensibilidad (simplificada): si la razón de apalancamiento cayera de 1,5 a 1,2, los US$ 72.000M privados se ajustarían en proporción (~US$ 57.600M), y el diferencial fiscal subiría aprox. US$ 14.400M en 4 años (≈0,28 pp del PIB por año). La programación anual prioriza primero, carteras de alto multiplicador y baja importación de BK para amortiguar ese riesgo.

2.3 Reglas prudenciales y reservas
El esquema de reservas y fondos soberanos se alinea con regla fiscal estructural y estándares FMI/OCDE: portafolio global 70–80%, “ventana doméstica” co-invertida 20–30% para sectores estratégicos, con cláusula explícita de protección a Codelco (no se detrae su reinversión/operación).
Esto reduce la volatilidad de flujos y abarata el costo del capital en PPP/Concesiones, reforzando la financiabilidad del programa.
3) ¿Dónde se invierte?
3.1 Agenda Pro-Crecimiento
Inversión pública acumulada 2026–2030: aprox. US$ 21.000M (~6 pp del PIB) priorizada en infraestructura habilitante (riego, ferrocarril, ciclovías, energía), centros logísticos/puertos/parques, digitalización y conectividad rural, vivienda y barrios sostenibles e infraestructura deportiva regional (ancla de cohesión territorial).
ONIP (ventanilla de inversión productiva) con plazos máximos, trazabilidad y resolución regional para destrabar cartera IED >US$ 80.000M en minería/energía/H₂V hoy en carpeta.

3.2 Reforma Tributaria pro-PYME y neutralidad competitiva
El esquema alivia formalización y reinversión de PYME, iguala tratamiento de rentas y corrige privilegios que distorsionan asignación de capital. Resultado: más base tributaria sin castigar la producción.
3.3 Nuevo Pacto Productivo (Codelco/ENAP/BancoEstado)
Rol activo de empresas públicas estratégicas y un BancoEstado de Desarrollo que garantice créditos productivos, innovación verde y cooperativas/economía social para escalar encadenamientos locales.
4) Empleo y productividad (KPI de entrega)
- Plan Nacional de Empleo: meta 1.300.000 empleos directos/indirectos con foco en movilidad sostenible, techos solares, agua/saneamiento, restauración ecológica y mantenimiento de infraestructura (intensivo en trabajo y distribuido territorialmente).
- Costo Economía y Fomento Productivo (4 años): US$ 44.946M = 3,28% del PIB; ≈US$ 11.237M/año (promedio simple).
5) Vivienda, agua, logística y energía
- Vivienda y barrios: objetivo 750.000 viviendas al 2030, escala capaz de recortar el déficit habitacional con instrumentos diversos (propiedad, arriendo, rehabilitación).
- Agua: impuesto a la extracción intensiva e inversión hídrica para resiliencia local y riego tecnificado, cuidando consumo humano y pequeños regantes.
- Logística y energía: accesos portuarios, corredores, digitalización y transmisión/almacenamiento: menos cuellos, menor costo por tonelada-km y mayor confiabilidad energética (premisas para exportar con valor agregado).
6) Consistencia macro y “stress test”
Fiscal: el programa cabe en la regla fiscal gracias a la base neta (≈1 pp del PIB/año) y al uso de apalancamiento para la parte intensiva en capex; la suba del gasto a ~28% del PIB es moderada y comparable con pares OCDE en inversión social y capital.
Externo/financiero: el refuerzo de reservas y fondos bajo estándares FMI/OCDE y la “ventana doméstica” acotada reducen volatilidad y, por esa vía, el spread de PPP/Concesiones (mejorando la “financiabilidad” real de carteras).
Ejecución: ONIP con SLA legales y tablero público de avance baja la incertidumbre de permisos (un costo silencioso en el CAPEX nacional).
Sensibilidades clave (plan de contingencia):
- Apalancamiento <1,5: reordenar cartera por multiplicador y contenido local, acelerar garantías selectivas y reasignar gasto de bajo impacto al PNIE.
- Recaudación <meta: escalonar entradas del IVA diferenciado y priorizar medidas anti-evasión de alta recaudación inmediata (cruces digitales en SII).
- Cuellos de importación de BK: adelantar compras públicas y contratos marco en categorías críticas; mayor uso de contratos de disponibilidad en logística/energía.
7) ¿Por qué este programa es el más realista y financiable?
- Dice con números cuánto cuesta (US$ 113.455M; 8,9% del PIB), de dónde sale (US$ 12.250M tributarios + US$ 72.000M privados) y qué esfuerzo neto anual requiere (~0,6% del PIB/año).
- Usa herramientas probadas (concesiones, coinversión, royalty territorial, IVA diferenciado con focalización social/pro-PYME) y respalda con gobiernos corporativos tipo Principios de Santiago.
- No promete “industria por decreto”: crea demanda (compras públicas/estándares), crédito (BancoEstado desarrollo) y certeza (ONIP).
- Ataca cuellos que suben productividad: agua, logística, energía, vivienda (escala real).

8) Qué verá el país en el día a día
- Más obras efectivamente iniciadas (menos carpeta, más terreno), con seguimiento público de avances.
- Permisos con fecha: trazabilidad y resolución regional que bajan tiempos y costos financieros.
- Crédito más accesible para PYME que invierte y exporta (garantías y banca de desarrollo).
- Logística más barata y energía más confiable; agua mejor gestionada para producir y vivir.
- Vivienda en escala que por fin recorta el déficit, con mezcla de propiedad, arriendo y rehabilitación.
En síntesis
Este programa no se define por adjetivos, sino por método. Pone los recursos donde el multiplicador es alto, quita fricciones que encarecen cada proyecto y ordena el financiamiento con reglas simples y conocidas. Cuando los costos son explícitos, las fuentes están identificadas y el calendario de obras es verificable, la inversión deja de ser promesa y se vuelve trabajo en curso.
La lógica es directa: priorizar antes que dispersar, apalancar antes que sustituir, ejecutar con plazos y métricas antes que con consignas. Con permisos que tienen fecha, carteras que resuelven cuellos y un ancla fiscal prudente, el capital encuentra camino y el riesgo baja. Lo que sigue es consecuencia: obras que empiezan y terminan, empleo donde vive la gente, logística más barata, agua y energía más confiables.
No hace falta proclamar grandes cambios. Basta con hacer que las piezas encajen: pipeline claro, crédito a tasas razonables, compras públicas que den señal de demanda y una institucionalidad que sostenga el ritmo.
Cuando el cómo está resuelto, el qué ocurre. El país se mueve con menos ruido y más certeza. Porque la certeza es “verdad”, y la verdad es el cambio.


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