No Fue el delito, fue el sistema. El Imputado es Absuelto; El Estado de Derecho es Cuestionado.
«Terminan once años de torturas”, once años de investigación donde no se pudo probar un solo hecho en contra el actual candidato presidencial, Marco Enríquez- Ominami. Lo que comenzó como una causa judicial terminó convertido en un síntoma institucional: el uso del poder del Estado para deslegitimar políticamente a una persona, dado que las acusaciones presentadas por los entes persecutores no se ajustaron a derecho.
El tribunal revisó íntegramente las pruebas y constató graves vulneraciones al debido proceso que tornan inválida la persecución y vacían de contenido incriminatorio los cargos sostenidos por el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos y los querellantes particulares. Según la información, fueron 28 fiscales, 450 audiencias y cerca de 5 mil millones de pesos gastados para que no haya habido ninguna condena.
Las pruebas ofrecidas adolecen de defectos estructurales en su obtención, conservación y enlace lógico. Se acreditaron inconsistencias internas, omisiones probatorias relevantes y uso de conjeturas sin respaldo empírico. Conforme a la doctrina chilena (Nogueira Alcalá; Cury; Duce/Riego), la incompetencia técnica del persecutor que degrada la calidad del contradictorio constituye causal objetiva de invalidez cuando afecta el estándar de verdad procesal mínima exigible.
Una deriva institucional sin precedentes
Según el Informe Estadístico del Ministerio Público 2023, solo el 1,7 % de las causas penales supera los tres años de duración. Sin embargo, la investigación contra Enríquez-Ominami se extendió por ocho años completos, sin nuevas pruebas ni conclusiones concretas rompiendo los récords de un proceso que rompió la norma.
Diversos juristas y observadores coinciden en que este expediente se acumuló cifras inéditas en la historia procesal chilena:
Los récords de un proceso que rompió la norma
Diversos juristas y observadores coinciden en que este expediente acumuló cifras inéditas en la historia procesal chilena:
- Ocho años de investigación, el triple del máximo habitual.
- Cinco fiscales distintos con líneas contradictorias.
- 450 audiencias, la duración más larga de la historia moderna.
- Más de 5.000 millones de pesos gastados en diligencias y peritajes.
- Cero sanciones institucionales frente a los excesos y errores cometidos.
En comparación, los casos Penta, Caval y Corpesca —de igual o mayor complejidad— se resolvieron en menos de tres años, con auditorías y sanciones internas. En el caso ME-O, no hubo ni control ni rendición de cuentas.
El tiempo como castigo
Para muchos analistas, lo ocurrido con Enríquez-Ominami revela un fenómeno más profundo: el uso del tiempo judicial como forma de sanción política.
El proceso se volvió un castigo en sí mismo. Cada postergación prolongó la sospecha, debilitó derechos y distorsionó el sentido original del debido proceso.
El principio de plazo razonable, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue sistemáticamente vulnerado. Lo que debía ser una investigación penal terminó convertido en una forma de exclusión pública: la instrumentalización del derecho para deslegitimar al adversario político.
Un precedente para la democracia
El caso SQM–ME-O no deja solo un registro judicial, sino una advertencia institucional: cuando el Estado confunde justicia con poder, la democracia se debilita.
El expediente muestra una falla estructural del sistema judicial, que permitió que la sospecha reemplazara a la prueba y que el proceso sustituyera a la sentencia.
A más de una década de su inicio, este caso quedará como el primer escándalo de Estado procesal de la historia democrática chilena, una herida abierta que interpela a toda la sociedad:
¿Qué garantías reales tiene hoy un ciudadano frente a un aparato judicial que puede extender un proceso indefinidamente sin condena?
Reforma y responsabilidad
El desafío que deja este caso es claro: reformar el sistema judicial chileno para evitar nuevas persecuciones políticas disfrazadas de procedimientos legales.
Auditorías externas, límites estrictos a la duración de las investigaciones y responsabilidad jerárquica efectiva son pasos mínimos para restaurar la confianza.
Porque más allá de los nombres, la justicia no puede seguir siendo un espacio donde el poder castiga a quien disiente.
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