Diagnóstico actualizado del sistema de justicia chileno, con base en la minuta de propuestas y evidencia comparada. Incluye referencias internacionales, métricas y enlaces a fuentes oficiales.
1. Diagnóstico del sistema de justicia en Chile (2024–2025)
El sistema judicial chileno enfrenta tensiones estructurales en desempeño, confianza y coordinación institucional. Según datos del Ministerio Público, la tasa nacional de homicidios alcanzó aproximadamente 6 por cada 100.000 habitantes en 2024, mientras que los secuestros sumaron 868 casos, el registro más alto de la última década. La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) reporta que un 8,5% de los hogares fueron víctimas de delitos violentos, pero más del 50% no denunció los hechos.
El Ministerio Público mantiene altos niveles de archivo provisional, que superan el 25% del total de causas cerradas. Persisten demoras en causas complejas, particularmente en homicidios, secuestros y delitos de crimen organizado. La coordinación entre el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Gendarmería sigue siendo débil.
La población penal alcanza más de 62.000 personas, con una tasa de 328 por cada 100.000 habitantes. Cerca del 35% se encuentra en prisión preventiva, muy por sobre el promedio de los países de la OCDE. El sistema penitenciario enfrenta problemas de hacinamiento, infraestructura deficiente y limitada reinserción laboral o educativa.
La confianza ciudadana en el sistema judicial es de apenas 25%, según la OCDE (2024), frente a un promedio de 54% en el conjunto de países miembros.
2. Propuestas alineadas a la minuta
2.1 Tribunales de Ejecución de Penas (TEP)
La minuta propone la creación de Tribunales de Ejecución de Penas, órganos judiciales especializados con competencia exclusiva en el control, seguimiento y modificación de las condenas. Estos tribunales permitirían garantizar el cumplimiento efectivo de las penas, el respeto de los derechos de las personas condenadas y la promoción de la reinserción social.
El modelo se inspira en experiencias de países como Argentina y Brasil, donde los jueces de ejecución penal coordinan directamente las condiciones de cumplimiento y programas de reinserción. En Chile, esta figura ayudaría a articular a Gendarmería, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública en torno a indicadores comunes de cumplimiento y reincidencia.
2.2 Consejo de la Magistratura
Se plantea crear un Consejo de la Magistratura autónomo, encargado de la selección, evaluación y disciplina de los jueces, con el fin de reforzar la independencia del Poder Judicial. Este órgano reemplazaría parcialmente las facultades actuales de la Corte Suprema en materia de nombramientos y fiscalización.
Modelos similares existen en España, Italia y Francia, con órganos constitucionales colegiados (Consejo General del Poder Judicial, Consiglio Superiore della Magistratura). Su adopción en Chile requeriría resguardar mecanismos contra la politización, con concursos públicos, transparencia de votaciones y representación equilibrada de la sociedad civil, la academia y el Poder Judicial.
2.3 Juicio por Jurados (modelo mixto)
La minuta propone implementar progresivamente el juicio por jurados, comenzando con delitos graves como homicidios, corrupción y delitos sexuales. El modelo mixto —jurado ciudadano para los hechos y juez técnico para la pena— se alinea con las prácticas de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España y Argentina.
El juicio por jurados refuerza la participación ciudadana, la transparencia y la legitimidad de las decisiones judiciales. Los estudios en Argentina muestran que los veredictos de los jurados coinciden en más del 90% con las decisiones de jueces profesionales, sin afectar la eficiencia procesal.
3. Comparación internacional y aprendizajes
• En la OCDE, los consejos de la magistratura son estándar institucional para asegurar la independencia judicial. Sin embargo, varios países europeos han ajustado su composición para evitar capturas políticas.
• En América Latina, Argentina y Brasil cuentan con tribunales de ejecución penal activos, lo que ha permitido un mejor control de beneficios y programas de reinserción.
• En países de common law, los sistemas de jurado son pilares de legitimidad judicial, particularmente en delitos de alto impacto.
• Chile mantiene brechas en tiempo de tramitación, confianza pública y uso excesivo de prisión preventiva frente a la media OCDE.
4. Métricas de éxito (12–24 meses)
• Reducción de 5–8 puntos porcentuales en la tasa de archivo provisional.
• Aumento de 10 puntos en la identificación de imputados en homicidios.
• Reducción del uso de prisión preventiva a menos del 30% de la población penal.
• Disminución de la reincidencia en 10% en pilotos de ejecución penal.
• Aumento de la confianza ciudadana en el sistema judicial en 8–10 puntos porcentuales.
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