Chile necesita crecer, pero no de cualquier manera ni a cualquier costo. Nuestra propuesta de Agenda Pro-Crecimiento e Inversión 2026-2030 no es un plan más de estímulos generales, ni una defensa ciega del libre mercado. Se trata de una alianza estratégica entre el sector público, privado y la sociedad civil, con el objetivo de definir de manera consensuada las industrias y activos nacionales a potenciar, recuperando nuestra capacidad industrial y asegurando un crecimiento sustentable que permita no sólo reinvertir en el país, sino que financiar políticas sociales de mediano y largo plazo.

Ya lo sabemos, Chile no puede darse el lujo de permanecer bajo un modelo centrado en la extracción de recursos naturales sin generación de valor agregado, ni menos retroceder hacia una economía estatizada. Debemos levantar al país desarrollando su capacidad de innovación y competitividad, entendiendo que el mercado es el motor de la economía, y el Estado su aliado.

Medidas y Agenda Pro Crecimiento

a. Plan Nacional de Inversiones Estratégicas

• Impulsaremos un Plan Nacional de Inversiones Estratégicas que movilice recursos públicos, apalanque la inversión privada en sectores clave y priorice inversión con alto retorno en productividad.

• Para ello, durante el período 2026–2030, la inversión pública acumulada alcanzará alrededor de 6 puntos del PIB, es decir, aproximadamente 21.000 millones de USD, priorizando obras con impacto directo en productividad, equidad y resiliencia climática.

• Los ejes prioritarios serán:

– Infraestructura (riego, transporte ferroviario, ciclovías, energía).

– Centros logísticos, puertos regionales y parques tecnológicos.9

– Digitalización del Estado y conectividad rural.

– Vivienda pública y barrios sostenibles.

– Construcción de infraestructura deportiva regional , al menos una por región

b. Oficina Nacional de Inversión Productiva (ONIP)

La inversión privada no puede seguir paralizada por la burocracia estatal, lo que comúnmente se denomina “permisología”.

Actualmente, Chile cuenta con una cartera de proyectos de inversión extranjera directa (IED), en carpeta, por más de USD 80.000 millones, concentrados principalmente en el sector minero, energético y en el hidrógeno verde.

Sin embargo, gran parte de estas iniciativas, alrededor de 250 proyectos de inversión, siguen sin materializarse debido al clima de incertidumbre regulatorio, los retrasos en los permisos ambientales y sectoriales, así como la descoordinación absoluta en la gestión estatal.

Bajo la actual administración, el país no ha logrado transformar este potencial económico en obras y empleos, perdiendo oportunidades históricas de crecimiento y encadenamientos productivos. Mientras competidores regionales agilizan sus procesos y atraen capitales financieros, Chile queda atrapado en un laberinto burocrático que el gobierno actual no ha logrado resolver.

Para enfrentar este problema, proponemos crear la Oficina Nacional de Inversión Productiva (ONIP), bajo dependencia técnica del Ministerio de Hacienda o de Economía, cuyo rol será articular, en una ventanilla única, los procesos y permisos administrativos asociados a proyectos de inversión públicos y privados.

La ONIP integrará funciones hoy dispersas en distintos ministerios: permisos ambientales (Medio Ambiente), permisos de agua (Obras Públicas), financieros (Hacienda), entre otros. Su objetivo será optimizar los procesos gubernamentales asociados a los trámites de inversión, garantizando certeza jurídica y transparencia.

Características principales de la ONIP:

• Trazabilidad digital obligatoria. Existirá una interoperabilidad institucional que garantizará la notificación automatizada de tiempos y observaciones asociadas a cada proyecto.

• Plazos máximos por ley. Cada etapa tendrá límites temporales definidos, sin comprometer estándares ambientales ni la consulta indígena.

• Comités Regionales de Inversión, con participación ciudadana y gremial para destrabar inversiones de interés local y asegurar encadenamientos productivos.

El objetivo de la ONIP no será aprobar rápidamente los proyectos, sino que avanzar hacia una gestión eficiente y eficaz de las inversiones, aumentando la certeza jurídica del país.10

Del mismo modo, las decisiones clave tendrán que ser visadas por un “Consejo Interministerial”, asegurando coordinación política y técnica de alto nivel.

c. CORFO Política Industrial Inteligente 2030

La soberanía económica de Chile requiere de una nueva política industrial de Estado, descentralizada, ambientalmente responsable y orientada a generar capacidades tecnológicas nacionales.

Por ello, priorizaremos una nueva política industrial en las siguientes áreas:

• Producción de litio y minería verde con procesamiento local.

• Producción de hidrógeno verde y baterías de nueva generación.

• Desarrollo de agroindustria tecnificada y economía circular.

• Desarrollo de software, audiovisual y robótica.

• Desarrollo de Economía Azul y biotecnología marina.

Para lo anterior, expandiremos el rol de CORFO, transformándolo en una agencia con mayor autonomía, transparencia y capacidad de inversión directa vía capital semilla, fondos de riesgo y financiamiento de clústeres regionales.

d. Acuerdo por la Productividad y el Crecimiento Sostenible

Convocaremos un Consejo Nacional de Productividad Ampliado, es decir, una reestructuración del actual Consejo Nacional de Productividad.

En esta nueva versión del Consejo, se contará con la participación del Estado, trabajadores, empresas, universidades y gobiernos regionales, para fijar las grandes metas económicas al 2030 y monitorear su cumplimiento.

En particular, buscaremos avanzar hacia las siguientes metas:

• Productividad laboral de 1,5 % anual promedio.

• Elevar la tasa de inversión total al 25% del PIB (versus aproximadamente el 23% del PIB actual).

• Duplicar las exportaciones con valor agregado al 2030.

• Incluir estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en todas las compras públicas.

Este Consejo no será un espacio simbólico, sino un actor real con facultades de propuesta, observación presupuestaria y mecanismos de rendición de cuentas regionales. Su implementación tendrá un costo de 80 millones de USD en 4 años.

CRECIMIENTO ES INDISPENSABLE Y REQUIERE DIRECCIÓN

El crecimiento es indispensable y requiere de dirección. Mientras algunos quieren decrecer, otros asumen que basta con crecer para que todos se vean beneficiados. Ambos están equivocados. El crecimiento requiere dirección.

Nuestro gobierno tendrá como foco el potenciar una economía innovadora y tecnológica, de la mano del sector privado y en coherencia con los territorios y sus comunidades.