Ley de convivencia escolar, Aula Segura y Escuelas Protegidas: qué rige hoy en los colegios

Chile tiene tres leyes para la violencia en los colegios. Dos salieron en 2026, con cuatro meses de diferencia, y las firmó el mismo Presidente. Mientras tanto, las expulsiones están en su máximo histórico. Esto es lo que rige, desde cuándo y qué falta.

La Ley de Convivencia Escolar, la 21.809, se publicó el 1 de abril de 2026 y rige desde el 1 de julio. La despachó el Congreso a partir de dos mociones y un mensaje de Gabriel Boric, y la promulgó José Antonio Kast el 25 de marzo, a dos semanas de asumir. Cuatro meses después, el 12 de agosto, el mismo Gobierno publicó la Ley 21.827, que bautizó Escuelas Protegidas: revisión de mochilas, prohibición de capuchas, apoderados agresores fuera del colegio. Y la Ley Aula Segura, de diciembre de 2018, sigue vigente. Las tres se aplican al mismo tiempo, en el mismo reglamento interno, y los colegios subvencionados tienen hasta el 1 de abril de 2027 para ordenarlo. En Nuevo Ciclo Político las pusimos juntas, porque por separado no se entienden.

Qué cambia con la Ley 21.809, la de convivencia

Lo primero es un cargo. Todos los colegios deben tener un equipo de convivencia, y a la cabeza una persona a cargo de la coordinación, con jornada completa y dedicación exclusiva, que sea profesional de la educación o del área psicosocial. Quedan exceptuados los rurales, los de encierro, las aulas hospitalarias, los jardines y los que tienen menos de 150 estudiantes, que de todos modos tienen que designar a alguien con horas para eso. El equipo puede sumar dos profesionales más y la ley permite pagarlos con la Subvención Escolar Preferencial.

Lo segundo es un plan. El Plan de Gestión de Convivencia Educativa tiene que tener objetivos, acciones y metas, y la ley enumera lo que debe cubrir: resolución pacífica de conflictos, mediación, «cuidados y responsabilidades digitales», desarrollo socioemocional y salud mental. El reglamento interno debe traer prevención, protocolos, canales de denuncia y plazos. Una investigación a un estudiante no puede durar más de dos meses. Y la frase que más va a pesar: la expulsión y la cancelación de matrícula «sólo podrán aplicarse de forma excepcional, y deberá preferirse siempre la aplicación de medidas formativas y pedagógicas».

A los profesores les cambia la gravedad. Toda violencia física o psicológica contra un docente, «por cualquier medio, incluidos los tecnológicos y cibernéticos», dentro o fuera del colegio, pasa a ser de especial gravedad. Y si la ejerce un estudiante o un apoderado, se cuenta como violencia en el trabajo.

La definición de acoso escolar también quedó más ancha. Incluye el hostigamiento reiterado dentro o fuera del establecimiento, por medios tecnológicos o por cualquier otro, y nombra el aislamiento: ignorar a un compañero de forma colectiva y deliberada ya es acoso según la ley.

Los plazos son estos. La ley rige desde el 1 de julio de 2026. Los colegios subvencionados y los que reciben aportes del Estado tienen nueve meses desde esa fecha para implementar el reglamento, el plan y el equipo: 1 de abril de 2027. Durante los seis meses siguientes, hasta octubre de 2027, la Superintendencia no abre sumarios por incumplir esta ley, sino que deja observaciones, salvo hechos graves. En la práctica, el reglamento que un apoderado reciba al matricular en marzo de 2027 ya debería ser el nuevo.

Qué agrega Escuelas Protegidas, la ley del Gobierno de Kast

La 21.827 entró por otra puerta. Su primer artículo faculta al sostenedor a incorporar en el reglamento la revisión de mochilas, bolsos y efectos personales de los estudiantes. Es optativo: un colegio puede no hacerlo. Si lo hace, la ley pone límites: no se puede pedir al estudiante que se desnude ni revisarle el cuerpo ni la ropa que lleva puesta, la revisión no puede ser forzada, debe quedar un registro escrito y firmado con la hora, los motivos, las personas presentes y lo encontrado, y una copia va al apoderado. Si el estudiante se niega, se llama al apoderado, y mientras tanto el alumno espera acompañado en un lugar que no sea la sala de clases. Hay resguardos especiales para estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales, autismo o sensibilidades sensoriales acreditadas.

Lo que sí es obligatorio es lo de la cara. Los reglamentos «deberán contener prohibiciones de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial», salvo razones de salud, religiosas u otras justificadas. La ley también suma las amenazas que interrumpan las clases, por cualquier medio, a las conductas contrarias a la convivencia.

Para los profesores, el cambio es probatorio: el relato escrito y documentado del docente afectado se reconoce como antecedente suficiente para tomar medidas inmediatas de resguardo y abrir el procedimiento, con debido proceso. Para los apoderados, hay deberes: respetar el reglamento, ir a las citaciones formales. El colegio puede suspender el ingreso de un padre o madre que agredió a un funcionario o a un estudiante, garantizando que el hijo siga yendo a clases. Y un adulto condenado por ciertos delitos contra profesores o asistentes de la educación queda tres años sin poder contratar con el Estado.

Hay una línea más, pequeña, que vale la pena mirar: la Superintendencia podrá desestimar denuncias «manifiestamente carentes de antecedentes«. La ley rige desde su publicación, el 12 de agosto, salvo lo que requiera modificar reglamentos, que rige cuando el colegio lo incorpore y lo comunique.

Las cifras: más denuncias y expulsiones en récord

Dos salvedades que la propia Superintendencia hace. Más denuncias no significa necesariamente más violencia: parte del alza es gente que conoce mejor sus derechos y los canales para reclamar. Y Aula Segura sí se usa. La superintendenta Loreto Orellana lo dijo con todas sus letras al presentar el informe: «es un mito eso de que Aula Segura no se está utilizando». La enorme mayoría de las expulsiones se funda en esa ley. El problema es a quién le cae.

Lo que Nuevo Ciclo discute

En el papel, las dos leyes de 2026 no se pelean. En teoría, una pone un profesional de jornada completa a cargo de prevenir. La otra pone una mochila abierta en la puerta. Un colegio puede tener las dos cosas. La pregunta es cuál de las dos tiene plata y cuáles son los indicadores que validan que estas medidas van en sentido «correcto».

El coordinador de convivencia cuesta un sueldo completo por colegio, y el equipo, dos más. La ley dice que se pueden pagar con la SEP. Pero el Presupuesto 2027 que se vota en noviembre baja cerca de 3,6% el tope de horas docentes de los Servicios Locales. Quiroz dijo que probablemente va a haber desvinculaciones de profesores – con potencial impacto en sentido contrario al propósito de la ley. Revisar mochilas, en cambio, es «gratis». Prohibir capuchas es «gratis». El riesgo concreto es que en abril de 2027 muchos colegios tengan el párrafo nuevo sobre las capuchas y no tengan al profesional que la otra ley les exige. Habrán cumplido con la ley barata, pero con criterio subjetivo.

La generación que hoy está en primero y segundo medio es la que sacó 403 en Matemática en PISA 2025, con el 59% bajo el nivel básico. La prueba se rindió entre septiembre y octubre de 2025, antes de estas dos leyes.

Sobre expulsar, los datos ya están y son del Estado, no de una ONG. El 56% de los sancionados tenía antecedentes de necesidades educativas especiales. El 63% de las expulsiones ocurre en colegios donde más del 60% de los alumnos son prioritarios. A los 20 años, hasta uno de cada cuatro expulsados está fuera del sistema. Una expulsión en el colegio A es una matrícula en el colegio B, que casi siempre es más pobre que el A, o es un chico de 15 años en la calle a las once de la mañana. El problema no se resuelve, cambia de dirección. Eso lo escribimos antes en el diagnóstico sobre niñez y adolescencia y en el Pacto por la Niñez, cuando la cifra era menor.

Estados Unidos ya recorrió el camino de la seguridad primero. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación de ese país, en el año escolar 2021-22 el 93% de las escuelas públicas tenía cámaras, el 61% tenía guardias al menos una vez por semana y el 45% tenía policías que portaban armas de fuego. Entre 2000 y 2022 hubo 50 tiroteos con tirador activo en escuelas básicas y medias, con 131 muertos y 197 heridos. Chile no está ahí ni cerca. Pero el dato sirve para una cosa: la cámara y el detector llegan después del golpe. Lo que evita el golpe pasa antes, en la sala, en al comunidad escolar, con un adulto que conoce al curso y tiene horas para eso. Esa es la parte que se recorta.

Queda lo digital, que las dos leyes nombran y ninguna resuelve. La 21.809 pide «cuidados y responsabilidades digitales» en el plan y cuenta como acoso lo que pasa por medios tecnológicos, dentro o fuera del colegio. Está bien que lo diga. Pero un reglamento interno escrito en 2027 va a tener que decidir qué hace con un grupo de WhatsApp a medianoche o con una imagen de una compañera fabricada con inteligencia artificial, y para eso no hay protocolo tipo ni hay plata asignada. Ahí es donde los colegios van a estar solos en marzo. Lo dijimos también en Reconstruir la educación: la escuela recibe todos los problemas del país y después se le pide que ¿los resuelva con el mismo presupuesto?.

Qué mirar en los próximos meses

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre la ley de convivencia escolar

¿Qué es la Ley 21.809 de convivencia escolar?

Es la ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, publicada el 1 de abril de 2026. Obliga a cada colegio a tener un equipo de convivencia con un coordinador de jornada completa, un Plan de Gestión de Convivencia y un reglamento con protocolos y plazos. Deja la expulsión como medida excepcional.

¿Desde cuándo rige y hasta cuándo tienen plazo los colegios?

Rige desde el 1 de julio de 2026. Los colegios subvencionados y con aportes del Estado tienen nueve meses, hasta el 1 de abril de 2027, para implementar el reglamento, el plan y el equipo. Hasta octubre de 2027 la Superintendencia solo deja observaciones por incumplimientos de esta ley, salvo hechos graves.

¿Sigue vigente la Ley Aula Segura?

Sí. La Ley 21.128, de diciembre de 2018, sigue permitiendo expulsar o cancelar la matrícula en un procedimiento de hasta 10 días hábiles, con suspensión cautelar, por hechos graves como lesiones, armas o agresiones sexuales. En 2024 hubo 2.423 expedientes de expulsión y cancelación, el máximo de la serie.

¿Pueden revisar la mochila de mi hijo en el colegio?

Solo si el reglamento interno incorporó la medida, según la Ley 21.827 de agosto de 2026. No pueden revisarle el cuerpo ni la ropa puesta, no puede ser forzada, debe quedar un registro escrito y firmado, y el apoderado recibe copia. Si el estudiante se niega, se llama al apoderado.

¿Un colegio puede expulsar a un alumno por bullying?

Puede, pero con la Ley 21.809 la expulsión es excepcional y el colegio debe preferir medidas formativas y pedagógicas. Aula Segura habilita el procedimiento rápido para hechos graves tipificados, como lesiones o armas. Para el resto, el colegio tiene que mostrar que intentó medidas previas.

¿Dónde se denuncia la violencia escolar?

Primero en el propio colegio, que debe activar el protocolo de su reglamento. Si no responde, en la Superintendencia de Educación, por su sitio web o al 600 3600 390. En 2025 recibió 17.076 denuncias por convivencia escolar.

¿Qué dice la ley sobre el ciberbullying?

La Ley 21.809 incluye en el acoso escolar el hostigamiento por medios tecnológicos, dentro o fuera del colegio, y exige que el Plan de Gestión trate los «cuidados y responsabilidades digitales». La violencia contra profesores por medios cibernéticos es de especial gravedad. No hay un protocolo tipo: cada colegio lo escribe en su reglamento.

Publicado el 21 de octubre de 2026. Esta página se actualiza con el Presupuesto 2027 y con el informe de denuncias de la Superintendencia de febrero de 2027. Ley 21.809: Diario Oficial y orientaciones del Mineduc. Ley 21.827: BCN. Ley 21.128: BCN. Supereduc: denuncias 2025 y expulsiones 2016-2024. Estados Unidos: NCES, seguridad escolar y tiroteos. Foto de portada: mochilas colgadas en un pasillo de colegio.